“Dicho órgano estatal queda temporalmente inhibido de ratificar el acuerdo 3”, reza la resolución firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.
La decisión fue tomada en la admisión de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Enrique Anaya contra el acuerdo 3 porque, según el demandante, éste fue aprobado por la legislatura 2012-2015 sin que la población se pronunciara –a través de las elecciones– ya que la legislatura siguiente, 2015-2018, ya estaba electa.
La Sala se basó en que es un hecho “notorio” el acuerdo ocurrido el martes para ratificar este jueves la reforma adoptada y que “si la medida cautelar no se adopta” podría haber una “infracción constitucional” contra el “sistema republicano y democrático” y violaría “una etapa del proceso de reforma constitucional”.
La Asamblea deberá rendir informe en 10 días y trasladará el proceso al fiscal general para que se pronuncie sobre la reforma a los artículos 124 y 202 de la Constitución.
La demanda
Luego de emitida la medida cautelar, la inhibición de la ratificación de la reforma, la Sala analizará si el acuerdo 3 aprobado en abril de 2015 es inconstitucional o no.
El demandante sostiene que faltó una “fase informativa” que debe tener un proceso de modificación a la Constitución y se basa en la sentencia de inconstitucionalidad 7-2012, que explica un procedimiento para modificar el texto de la Constitución.
Según el abogado, en el acuerdo 3, la legislatura 2012-2015, que acordó la reforma que la Asamblea ratificaría el jueves, “no permitió” esa fase porque “el acuerdo se emitió después de las elecciones legislativas de 2015”. Esto, según la demanda, se debe a que la población se expresa “a través del sufragio” y el 23 de abril de 2015 ya había legislatura electa.
“El acuerdo de reforma debe preceder al proceso de elección de los diputados de la Asamblea Legislativa que decidirá sobre la ratificación o no de la reforma constitucional”, ya que “solo de esa forma es viable que el pueblo se exprese en relación al apoyo o rechazo a la reforma constitucional, el cual se manifestará a través del sufragio”, afirma la demanda.
El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, dijo ayer por la mañana que acatarían cualquier resolución que tomara la Sala de lo Constitucional. El diputado condicionó la reforma a la ampliación de los periodos de los funcionarios de segundo grado, para evitar que una legislatura elija dos funcionarios, como magistrados de la CSJ, Fiscal General, Corte de Cuentas, Consejo Nacional de la Judicatura y otros.